Inadmisible paro de fiscales

El paro de actividades al que convocó la Asociación Nacional de Fiscales, en protesta por lo que consideran una abierta discriminación del gobierno al entregarles solo una fracción del reajuste de 12% aprobado para el sector público, se ha extendido ya por dos días. A la paralización de los fiscales se sumó también parte de la Defensoría Penal Pública, todo lo cual, como era perfectamente previsible, ha generado evidentes trastornos para la población, pues el funcionamiento del sistema judicial se ha visto seriamente afectado.

Hay un debate en curso acerca de cuán acertado resulta que el reajuste para el sector público alcance al 12% para aquellos funcionarios con rentas brutas inferiores a $2,2 millones, y para quienes la superen se entregará un monto fijo de $264 mil. Los fiscales alegan que un número muy importante de quienes prestan funciones en la Fiscalía se verán afectados por esta medida, acusando una discriminación y falta de compromiso del gobierno con esta institución. En la comisión de Hacienda del Senado se explora ahora una fórmula que podría dar una salida a este conflicto, mediante la cual se busca que los sueldos sobre $2,2 millones reciban el reajuste íntegro, pero de forma escalonada.

Sin perjuicio de que el petitorio de los fiscales pueda ser atendible, resulta en cambio inadmisible la forma escogida para presionar al gobierno y a los parlamentarios, recurriendo a una paralización abiertamente ilegal. Los fiscales han señalado que se han mantenido turnos éticos para atender aquellos casos impostergables o que requieren de atención inmediata, pero ello no elimina los graves efectos que esto tiene para la mayor parte de la población como tampoco el precedente que se está sentando.

La Constitución y la ley previenen que los funcionarios del sector público no se puedan sindicalizar y llevar a cabo huelgas justamente porque se entiende que los servicios que provee el Estado no son sustituibles y debe asegurarse su continuidad. Peligrosamente, sin embargo, estas normas han terminado convirtiéndose en letra muerta, pues los gremios del sector público recurren impúdicamente a este tipo de medidas -emblemático resulta el caso del Registro Civil, en 2015, cuando el servicio estuvo paralizado por 39 días- para hacer efectivas sus demandas. Que ahora se hayan sumado estamentos del sistema judicial como fiscales y defensores -algo que no tenía precedente- solo confirma lo extensa de esta práctica, y lo irónico que resulta que quienes tienen por misión hacer cumplir la ley no tengan problema en pasarla a llevar cuando se trata de sus propios intereses.

Es un hecho que ante la falta de sanciones cada vez que hay paros ilegales estas prácticas se van naturalizando, sin que se aquilate el daño que representa para la institucionalidad el hecho de que la población sea privada de servicios básicos, en este caso, dejando en la indefensión a muchas personas. Al respecto, resulta ilustrativo el silencio que ha mantenido el gobierno respecto de este paro, lo que desde luego contribuye a alimentar la percepción de que actos de este tipo quedan en total impunidad.